La discusión sobre el salario mínimo en Colombia se intensifica mientras sindicatos y gremios buscan acercar posturas frente al incremento que regirá en 2026. La brecha entre las propuestas de los trabajadores y los empresarios refleja no solo diferencias económicas, sino también prioridades sociales y políticas que definirán el bienestar de millones de colombianos.
Este jueves, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, llevó a cabo reuniones bilaterales con representantes de centrales obreras y gremios empresariales para buscar posibles acuerdos sobre el incremento del salario mínimo. La negociación resulta compleja debido a la considerable distancia entre las cifras propuestas: mientras las centrales obreras exigen un aumento del 16 %, los gremios ofrecen un incremento del 7,21 %. Esta diferencia refleja visiones divergentes sobre la capacidad económica del país, la productividad laboral y la necesidad de asegurar un ingreso digno a los trabajadores.
Tras su encuentro con Sanguino, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, reafirmó que mantendrán su postura de exigir un aumento sustancial. Según Arias, si los gremios no elevan su propuesta a un porcentaje de dos dígitos —mínimo 10 %— no habrá espacio para la concertación y confiarán en que el presidente Gustavo Petro decida la cifra final. “Si los gremios no se mueven, nosotros tampoco nos moveremos”, enfatizó Arias, aclarando que, en caso de que los empresarios presenten una oferta de dos dígitos, estarían dispuestos a ajustar su cifra inicial del 16 % para alcanzar un acuerdo.
La propuesta de las centrales obreras
Las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— basan su propuesta de un incremento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte en diversos argumentos técnicos y sociales. Con este aumento, el salario mensual se elevaría de COP 1.423.500 a COP 1.651.260, mientras que el auxilio de transporte aumentaría de COP 200.000 a COP 232.000, incrementando el ingreso total de los trabajadores a COP 1.883.260.
Según Fabio Arias, parte de esta propuesta responde a los hallazgos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala una brecha significativa —alrededor de 50 puntos porcentuales— entre el salario mínimo actual y el denominado salario mínimo vital y móvil, es decir, aquel necesario para cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio de cuatro integrantes. El ministro Sanguino indicó que este salario equivalente a una vida digna rondaría los COP 3 millones, cifra muy superior al ingreso mínimo vigente.
Arias también estima que la propuesta del 16 % intenta resarcir lo que las centrales llaman una “deuda histórica” acumulada a lo largo de las negociaciones de los últimos veinte años, un periodo en el que, según los sindicatos, no se valoró debidamente la aportación de los trabajadores a la productividad del país. Los análisis efectuados por economistas de estas entidades indican que, si la tendencia actual persiste, el salario mínimo continuaría siendo aproximadamente la mitad de lo necesario para asegurar condiciones de vida dignas.
Otro aspecto importante mencionado por Arias es el fracaso de la reforma tributaria, que privó al Gobierno de los fondos planificados para inversión social en 2026. En este escenario, un incremento más significativo del salario mínimo podría transformarse en un mecanismo alternativo para reforzar el ingreso de las familias y dinamizar la economía desde la base laboral.
La propuesta de los gremios
Por otro lado, los gremios empresariales, que están representados por entidades como la ANDI, ACOPI y la SAC, propusieron un aumento del 7,21 %, lo que llevaría el salario mínimo a COP 1.526.134 y el auxilio de transporte a COP 214.420, resultando en un ingreso mensual total de COP 1.740.554. La diferencia entre las propuestas de los trabajadores y los empresarios es de COP 142.706, un margen considerable que refleja la disparidad de opiniones sobre cómo equilibrar ingresos, costos y sostenibilidad empresarial.
Los empresarios fundamentan su propuesta considerando la inflación observada del 5,3 %, la Productividad Total de los Factores (PTF), que es del 0,91 %, y un margen de ganancia real adicional de 100 puntos básicos. María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, señaló que su planteamiento busca ser responsable tanto con las empresas como con los trabajadores, evitando que un aumento excesivo presione los costos de producción y la inflación, lo que a la larga podría afectar la economía y el poder adquisitivo de todos.
Ospina también destacó que solo 2,4 millones de los 23 millones de ocupados en Colombia ganan un salario mínimo, lo que refuerza la necesidad de ajustes equilibrados y sostenibles, que consideren la realidad económica y las posibilidades del sector empresarial sin comprometer la estabilidad laboral ni la inversión productiva.
Los desafíos de lograr un consenso
La negociación entre trabajadores y empresarios ha sido históricamente compleja, debido a enfoques económicos y sociales diferentes. Para los gremios, un incremento elevado puede generar mayores costos de contratación, limitar la capacidad de expansión de las empresas y, en algunos casos, obligar a reducir la plantilla laboral. Además, los costos adicionales pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios, incrementando la inflación.
Por otro lado, las centrales obreras destacan que un aumento del salario mínimo incrementa el poder adquisitivo de los trabajadores, dinamiza el consumo y puede generar un ciclo de crecimiento económico que beneficie tanto a empresas como a empleados. Según su perspectiva, un incremento adecuado no solo mejora las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también fortalece la demanda interna, incentivando la contratación y la productividad.
El presidente Gustavo Petro ha mostrado coincidencia con la postura sindical, subrayando que el aumento del salario mínimo, aun considerando los incrementos recientes, no ha generado un efecto negativo en el empleo. De hecho, la tasa de desempleo en octubre se ubicó en 8,2 %, el nivel más bajo registrado en ese mes desde 2017.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, manifestó que un ajuste balanceado debe armonizar las ventajas del incremento salarial con los desafíos inflacionarios que podrían presentarse. “El beneficio relacionado con los ingresos de quienes perciben el salario mínimo, así como el de aquellos que puedan beneficiarse del incremento de esa demanda agregada, también conlleva desafíos significativos para alcanzar la meta de inflación. Es necesario encontrar puntos de equilibrio que produzcan resultados satisfactorios para toda la sociedad”, explicó Villar.
El consenso técnico de Fedesarrollo sugiere que un incremento razonable del salario mínimo para 2026 estaría entre el 6 % y el 6,5 %, tomando como base la inflación estimada del 5,2 % y la variación de la productividad, que oscila entre -0,3 % y +0,9 %. Este cálculo técnico busca un punto intermedio entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas en un contexto económico complejo.
La discusión sobre el salario mínimo en Colombia para 2026 se presenta con un panorama de contraste entre las exigencias sindicales, enfocadas en la equidad y la reparación histórica, y las propuestas empresariales, que buscan la sostenibilidad económica y la estabilidad de los costos laborales. La posibilidad de llegar a un acuerdo dependerá de la disposición de ambas partes para encontrar un punto de equilibrio, que contemple tanto el bienestar de los trabajadores como la viabilidad de las empresas, garantizando así un balance entre crecimiento económico, justicia social y estabilidad financiera.
